El TC establece en esta sentencia criterios importantes referidos a supuestos por los que resulta ser la vía ordinaria laboral la idónea para que los trabajadores protejan sus derechos. Estos supuestos serían el caso de la reducción inmotivada de remuneraciones o de categoría, el traslado del trabajador a un lugar distinto de aquel en que presta habitualmente servicios, con el propósito de causarle perjuicio, actos de hostilidad, cuestionamiento y calificación del despedido fundado en causa justa, entre otros.

Por ello, el TC concluye que estos supuestos, al ser competencia de los jueces laborales, no serán tramitados en el proceso de amparo, sino en el proceso laboral ordinario, y solo en defecto de tal posibilidad o atendiendo a la urgencia o a la demostración objetiva y fehaciente por parte del demandante de que la vía laboral ordinaria no es la idónea, corresponderá admitir el amparo.

En ese sentido, toda demanda que sea presentada y no reúna los requisitos establecidos en esta sentencia, o las que se encuentre en trámite y que igualmente no reúnan los referidos requisitos deberán ser declaradas improcedentes.

Finalmente, debemos señalar que el TC establece que los criterios contenidos en la presente sentencia constituye precedente vinculante de conformidad con lo establecido en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, puesto que son indispensables para determinar la procedencia de la vía del proceso constitucional de amparo.

Cabe recordar que el régimen de jubilación anticipada para desempleados se creó mediante Ley Nº 27617 - Ley de reestructuración del sistema nacional de pensiones, del régimen del Decreto Legislativo Nº 20530 y de la Ley del Sistema Privado de Pensiones, publicado el 1 de enero de 2002, el cual venció el 1 de diciembre del año en curso.

Asimismo, el Congreso aprobó el dictamen de la Comisión de seguridad social que establece el otorgamiento de una bonificación permanente a los pensionistas de derecho derivado de viudez, que sean mayores de 70 años pertenecientes al Decreto Legislativo Nº 19990.

Esta propuesta fue presentada por el congresista Rafael Aíta, la cual está dirigida al grupo de viudas con 70 años de edad o más que actualmente perciban como única pensión la de sobrevivencia.