El director de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para los Países Andinos, Ítalo Cardona Monterroza, sostuvo que uno de los retos del Perú en el tema de la justicia social es construir un diálogo muy amplio que permita al país no solo entender la informalidad laboral, sino, sobre todo, ponerse de acuerdo en cuáles deberían ser las medidas para garantizar que todas las personas, incluso las que trabajan en la economía informal, logren el respeto de sus derechos.
A propósito del Día Mundial de la Justicia Social, que se conmemora el 20 de febrero, el funcionario comentó cuáles son los principales desafíos que enfrenta el país en este contexto. Refirió que la justicia social tiene un vínculo muy importante con el mundo del trabajo. “Cuando la OIT se funda, lo hace también con la premisa de que el respeto a los derechos laborales y el acceso sin discriminación al empleo son las vías por las cuales se construirá ese concepto de justicia social”, aseveró. “Es un concepto que ha estado evolucionando en los más de 100 años de la OIT y que se ha materializado en lo que conocemos como el trabajo decente, pero ahora llama también a una revisión o a una actualización de ese concepto, en el contexto de las grandes transformaciones que sufre el mundo”, subrayó.
Ahora bien, respecto al tema del empleo en el Perú, Cardona manifestó que existen dos temas muy importantes. “El primero es la informalidad laboral. El Perú tiene una informalidad de más de 70% y si vamos al sector rural, hablamos de casi un 90%”, detalló. “Es una informalidad que tiene también rostros específicos; particularmente, son los grupos de las juventudes y mujeres los que tienen que enfrentar más esta situación de un trabajo informal que no le ofrece ni derechos, ni protección social y que, además, no les garantiza los suficientes ingresos para poder sostenerse ellos y sus familias”, subrayó.
Un segundo elemento, dijo, es el problema de la productividad. “No hay que olvidar que en la región y, seguramente, en el Perú, hablamos de que entre ocho y nueve puestos de trabajo los crean la mediana, pequeña y microempresa y que al presentar niveles muy bajos de productividad hace muy difícil esperar que existan condiciones de trabajo que respondan a estos anhelos o a los principios que se desarrollan en las normas internacionales del trabajo”, expresó. Para empezar a construir justicia social, indicó, es urgente revisar dónde se ubican y cuáles son las principales dificultades que se presentan en el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajo: la libertad sindical, la negociación colectiva, la erradicación del trabajo infantil y forzoso, la no discriminación y las condiciones de trabajo dignas, como lugares seguros y saludables.
“Existen retos importantes en cada uno, primero, al entender que la informalidad tiene un impacto muy grande sobre todos ellos. Y si hablamos del entorno informal, hablamos al mismo tiempo de una falta de supervisión del Estado”, agregó. Cardona afirmó que cuando hay esta falta de supervisión, “encontramos también una débil capacidad para el ejercicio o la tutela de esos derechos. No olvidemos que hablamos de los derechos que corresponden a todo ser humano, sin importar el tipo de contrato o relación laboral; son derechos que deberíamos de ejercer solo por el hecho de ser personas que trabajan”.
Fuente: El Peruano
Fecha: 22/02/2024
