El legislador Segundo Quiroz Barboza, de Bloque Magisterial, coordinador del Grupo de Trabajo Estudio de la Minería en los departamentos de Huancavelica, Moquegua, Cajamarca, La Libertad y Ayacucho, sustentó el informe del grupo que se pronunció por una Nueva Ley General de Minería, que actualice el Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley General Minería (DS014-92-EM ).
La propuesta que se consigna mediante un proyecto de ley, propondrá dejar sin efecto los contratos de estabilidad jurídica y tributaria, eliminación de la depreciación acelerada y los beneficios de reinversión de utilidades. Así como la revisión de los reintegros tributarios (como el IGV).
Hacer viable el desarrollo de la minería y la agricultura, pues ambas son complementarias y necesarias. La minería ligada al mercado externo (divisas) y la agricultura ligada al mercado interno, con mayor productividad.
Remediar los Pasivos Ambientales Mineros, especialmente en los departamentos de La Libertad, Pasco, Junín, Áncash, Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Moquegua y Puno.
Fomentar la sociedad compartida en los proyectos mineros de los tres actores: Empresa, Estado y Comunidad, siendo socios del desarrollo y la riqueza compartida en la gestión y utilidades.
Impulsar y promover el mayor valor agregado (refinación) de nuestros minerales limitando la exportación en bruto (concentrado) y fomentar la construcción de fundiciones polimetálicas.
Las recomendaciones del informe presentado prevén para el Perú y para las regiones mineras involucradas, una Nueva Política Minería con Gestión Ambiental y mayor valor agregado.
Una minería, comprometida con el desarrollo social, es decir un clúster minero. Que la minería se transforme en un articulador productivo y comercial, clúster minero propiamente, a fin de transformar la convencional explotación minera en una minería para la equidad social y el desarrollo inclusivo”.
Mayores ingresos fiscales por la minera, sin devoluciones tributarias que nos convierten en un estado insolvente para atender las necesidades de salud, educación, vivienda y seguridad de sus ciudadanos.
Planteamos que las comunidades campesinas y nativas de las áreas de influencia de las actividades mineras tengan participación accionaria de los proyectos y el Estado garantice la protección de los pueblos originarios.
Asimismo la obligatoriedad de que toda actividad minera cuente con la licencia social de las poblaciones, así como la reducción de la vigencia de las concesiones mineras de 30 a 15 años
El informe del grupo de trabajo de Estudio de la Minería también contempla Penalidades para el caso de la mediana y gran minería, el incremento del pago del derecho de vigencia para concesiones de beneficio pasaría de 1.5 a 2 UIT y de 1 a 3 UIT, respectivamente. Asimismo, se otorgue el 20 % del monto de derecho de vigencia a las direcciones y gerencias regionales de Energía y Minas.
Fuente: Diario El Peruano
Fecha: 15/06/2023
