El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), que preside Janet Tello Gilardi, dispuso la reorganización de órganos jurisdiccionales para atender de manera exclusiva expedientes con sentencia firme correspondientes a la especialidad laboral y pendientes de cumplimiento.
Los procesos judiciales refieren a las subespecialidades de la Nueva Ley Procesal del Trabajo y del Proceso Contencioso Administrativo Laboral y Previsional.
Cabe señalar que los procesos en ejecución de sentencia refieren a expedientes procesalmente concluidos, es decir, con sentencias firmes de jueces y juezas que pusieron fin al debate principal.
Al respecto, Tello Gilardi, en la ceremonia de inicio del Año Judicial 2026, lamentó que los mandatos judiciales aún no se hayan cumplido debido a responsabilidad del Poder Judicial, sino por el no acatamiento de la parte vencida, de los obligados, los cuales, en su mayoría son instituciones públicas.
“Este volumen, que alcanza los más de 4 millones de casos, representa el 76% de la carga que soporta la Judicatura, generando un cuello de botella de impacto negativo en la justicia, sin embargo, se ha trazado una política de gestión para llevar un reordenamiento”, expresó la magistrada.
INCREMENTO DE SENTENCIAS FIRMES
La decisión del CEPJ se sustenta en el Informe del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo (ETIINLPT), la cual señala que la reforma procesal laboral ha generado un incremento sostenido de sentencias firmes, lo que hace necesario reforzar la etapa de ejecución.
Ante las restricciones presupuestarias que impiden la creación inmediata de nuevos órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial optó por una estrategia de optimización de recursos existentes, al reordenar órganos jurisdiccionales con menor carga en etapa de trámite para atender expedientes en ejecución.
Ello como parte de un conjunto de medidas orientadas a fortalecer la etapa de ejecución de sentencias laborales y garantizar que las decisiones judiciales se traduzcan en resultados efectivos que impacten directamente en los derechos de trabajadores y pensionistas.
Mediante la Resolución Administrativa N° 000478-2025-CE-PJ. se estableció la conversión de determinados juzgados especializados de trabajo y juzgados de paz letrado laborales en juzgados de ejecución.
Así, las primeras cortes superiores de justicia que asumen el compromiso y reto de este proyecto son las de Cusco, Lambayeque, Lima Este, Lima Norte y El Santa.
POLÍTICA INSTITUCIONAL
El consejero responsable del ETIINLPT, Carlos Zavaleta Grández, explicó que estas acciones responden a una política institucional de mejora continua y permitirá sustentar de manera técnica la necesidad futura de nuevos juzgados ante los órganos que administran el presupuesto de la nación.
“No se trata de crear más órganos jurisdiccionales, sino de optimizar los recursos existentes y reorganizar el servicio de justicia para atender de manera especializada una etapa clave del proceso judicial, como es la ejecución de sentencias”, afirmó.
Las medidas de la RA N° 000478-2025-CE-PJ contemplan, entre otros aspectos, la redistribución de expedientes en plazos definidos, la implementación de estándares de productividad.
También el seguimiento de las metas anuales de producción en la etapa de ejecución y el inicio de funcionamiento de los juzgados de ejecución a partir del 1 de febrero de 2026.
Zavaleta Grández remarcó que el objetivo de la iniciativa es garantizar la efectividad de la tutela jurisdiccional porque “nuestra prioridad es que las sentencias no sólo se emitan con celeridad, sino que también se cumplan oportunamente”.
De esta manera, el ETIINLPT reafirma su compromiso de brindar respaldo técnico especializado, impulsando mejoras sostenibles en los procesos laborales y previsionales, con el objetivo de consolidar una justicia más eficiente y orientada al servicio de la ciudadanía.
Fuente: El Peruano
Fecha: 07/01/26
