Mediante la presente norma, se ha establecido un porcentaje que deben pagar EsSalud y la ONP a la Sunat por la recaudación de sus aportaciones y medidas para mejorar la administración de tales aportes.

De esta forma, se ha facultado a EsSalud para, de oficio, ejercer las funciones de verificación de la condición de asegurados del Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud y de otros regímenes administrativos por EsSalud, así como de la condición de entidades empleadoras de los trabajadores del hogar, pudiendo declarar la baja de oficio, incluso desde el inicio de la afiliación que es materia de verificación.

EsSalud tendrá que informar a la Sunat sobre la notificación de los actos administrativos a efectos que esta modifique la información de los principales registros, y aplique las sanciones tributarias correspondientes.

Asimismo, los actos administrativos que queden firmes tendrán efectos para la determinación del régimen pensionario a cargo de la ONP, no siendo computables los periodos en los que se hubiera determinado que el sujeto no tenía la calidad de trabajador.

Por otro lado, cuando la Sunat, en uso de su facultad de fiscalización, además de determinar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias verifique a los sujetos inscritos en los registros ya señalados, el acto que emita indicando la modificación de dicha información podrá ser impugnado por el trabajador o empleador.

EsSalud podrá inhabilitar la condición de asegurado de la Seguridad Social en Salud en los siguientes supuestos:

• Cuando se notifique la baja del registro por una afiliación indebida.
• Cuando se obtengan prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan, o se prolongue  indebidamente su disfrute mediante la presentación de datos o documentos falsos, u otros datos incumplimientos con el mismo fin.

En vista que en la actualidad, el que los acuerdos sean comunicados a los administrados vía notificación personal en su domicilio procesal, según lo establece la Ley del Procedimiento Administrativo General,  trae problemas e inconvenientes que la práctica refleja; y, tomando en cuenta las recientes modificatorias respecto de la simplificación de la tramitación de los procedimientos administrativos; y siendo el Seace el encargado de realizar las notificaciones de los decretos del tribunal; a través del acuerdo 015/2007 se acordó implementar la modalidad de notificación por medios electrónicos, a través del Seace, de los acuerdos recaídos en los recursos de apelación y revisión seguidos ante el Tribunal Constitucional.

En los recursos de apelación es posible el impugnar más de un ítem respecto de un proceso de selección convocado por relación de ítems, como lo son los procesos de selección en los cuales se establece la adquisición  de bienes distintos pero vinculados entre sí, donde cada uno de los ítems constituye un  proceso menor dentro del proceso principal, siendo aplicables las reglas de este último.  Consecuencia de ellos es que las bases del proceso deben establecer el valor referencial de cada ítem, etapa, tramo paquete o lote, así como señalar en forma detallada las características requeridas en cada ítem y las condiciones que los postores deben cumplir en cada uno de ellos. 

De otro lado, respecto de la garantía que se debe pagar por el recurso de apelación (que asciende al  1% del valor referencial del proceso de selección o del ítem que se decida impugnar), no podrá ser menos del 25% de la UIT; y en la medida en que existe la necesidad de adoptar criterios uniformes respecto de los alcances de las resoluciones recaídas en los recursos de apelación se acordó: establecer como criterio de interpretación de artículo 163 del Reglamento, que al resolver recursos de apelación referidos, el tribunal indicará el sentido de la decisión adoptada en cada uno de los ítems, disponiendo en cada caso la devolución o ejecución total o del 30% de la garantía presentada por cada ítem impugnado.