El ordenamiento legal peruano no está en condiciones para ser útil o facilitar el aprovechamiento de las empresas nacionales de los benefi­cios de la pronta aprobación del Tra­tado de Libre Comercio (TLC) por Estados Unidos, advirtió el jurista Walter Gutiérrez Camacho. De allí, surge la necesidad de impulsar y ela­borar una verdadera agenda normativa interna en el país, para ser más competitivos y estar a tono con las exigencias del mercado norteameri­cano, agregó el experto, quien también es director de Gaceta Jurídica

¿El marco legal peruano es útil a las empresas frente al TLC?
-Diría que no. Aún hay mucho que hacer a nivel legislativo e institucio­nal. Según la Constitución, un tratado es una norma y por tanto tendrá que adecuarse precisamente a nues­tro ordenamiento jurídico.

¿Cuál es la agenda legal interna para aprovechar este tratado?
-Existen dos planos: de adecua­ción y competitividad. En el prime­ro, hay alrededor de 70 normas que se deben implementar, aprobar y modificar. Para que este TLC sea realmente beneficioso al país. Ellas, por ejemplo, se refieren a propie­dad intelectual, servicios financie­ros, aduanas, biodiversidad y tele­comunicaciones. En el Perú existen regímenes especiales con beneficios para determinados sectores; sin embargo, la Carta Magna esta­blece la regla de la igualdad de la inversión, que con el TLC debe apli­carse. ¿Por qué?, porque el acuerdo exigirá esta homologación o igual­dad en las reglas.

Así, en la Ley de Radio y Televisión se fijan límites a la inversión de extranjeros, lo cual debe modificarse justamente en línea con este acuerdo. En EE.UU., también tendremos la misma regla de igualdad. Entonces, normas como estas deberán imple­mentarse de inmediato.

¿Qué tipo de normas son?
-Son, básicamente, normas con rango de ley o de carácter infralegal como administrativo, tributario, aduanero y de propiedad industrial, vinculadas con la organización y el funcionamiento del Estado, y otras referidas a algunos capítulos del propio TLC como la biodiversidad o propiedad intelectual.
En el Perú, por ejemplo, aún no se implementan las normas sobre patente de plantas, que deberá realizarse en línea con el Acuerdo de Cartagena, porque nuestra nor­mativa en propiedad intelectual está vinculada también a los acuerdos del Pacto Andino. La Constitución no requiere ser modi­ficada por el TLC.

El Estado como socio estratégico

En lo competitivo, ¿cómo evitar la sobreproducción legislativa?
-El segundo gran bloque de esta agenda legal interna es el tema institucional y de competitividad. El Estado debe ser un socio estratégico de los particula­res, tiene el desafío de volver más eficien­tes las normas, la producción legislativa, reducir y simplificar las leyes para actuar de modo rápido, eficiente y con mejores respuestas a las nuevas exigencias.

En las actuales circunstancias, el Estado no es un socio ideal, sino un ente burocrático y productor incansable de normas. Fíjese, existen casi 600 mil nor­mas, muchas contradictorias entre sí, lo cual dificulta las transacciones. El dere­cho en lo económico debe ser un facilita­dor de negocios y en el país eso no suce­de. Ahí hay un desafío por cumplir. Así que tenemos que pedirle a nuestro socio que adelgace y se vuelva más eficiente.

¿Todo un desafío?
-Uno de los problemas es la hiperpro­ducción de normas y la innumerable cantidad de procedimientos. Es que el Perú no tiene una norma o regla general de pro­ducción legislativa que impida instaurar comisiones de modo arbitrario y que luego cree inseguridad jurídica. Entonces, hay una tarea por hacer en todo  lo que es producción legislativa, para que ella sea más eficiente y menos numerosa.

Empleo para profesionales
¿El TLC es una nueva opor­tunidad de empleo para los profesionales peruanos?
-En efecto, muchos miran al TLC como un pacto que aumen­tará la exportación de bienes materiales, lo cual es la verdad, pero no completa. El gran bene­ficiado también será el sector servicios. Por ejemplo, desde 1993 hasta el 2000, Chile exportó más del doble en este rubro, lo llevó de mil 800 a cuatro mil 100 millones de dólares en exporta­ción de servicios.

¿Qué servicios?
-Pues los servicios conta­bles, de arquitectura e ingeniería. En el capítulo de servicios del TLC se permite al Perú exportar estos servicios y al cabo de un año de vigencia también lo harán los jurídicos y médicos. Es decir, los profesionales peruanos brindaran servicios desde el Perú o en Estados Unidos. Por supuesto que ello exigirá normas de adecuación, implementación, certificación y convalidación. Si Chile lo hizo, por qué no lo podemos hacer nosotros.

¿Eso exigirá mejorar la enseñanza peruana?
-Exacto, ahí tenemos un handicap, llegamos al TLC con una educación en crisis. Según el último informe del World Economic Forum, de 131 países calificados el Perú ocupa el penúltimo lugar en educación. Hay mucho por hacer para aprovechar el TLC. Es la oportunidad para nuestros profesionales de dejar de ser taxistas y exportar servicios, lo cual pasa por mejorar la educación.

¿En la abogacía se demandarán nuevas especialidades?
Los abogados deben poner­se a tono con nuevas figuras del derecho regulatorio, libre compe­tencia, propiedad intelectual, contratos modernos. No pueden pensar que su único espacio de desa­rrollo es el litigio, pues hay otras posibilidades como asesorar  inversiones.

La propuesta de reducir la tasa del Impuesto a la Renta por parte del Ministerio de Producción será evaluada y debatida hoy por el Consejo de Ministros; dicha propuesta tiene como objetivo principal estimular la reinversión de utilidades en actividades productivas generadoras de valor agregado.

Ahora bien, dado que dicha reducción generaría una disminución de recaudación de este impuesto para el fisco, el Ministerio de Producción ha incluido, en contrapartida, un aumento en la tasa por concepto de distribución de utilidades entre los accionistas de las empresas, de modo que dicha tasa, que actualmente se encuentra situada en un 4.1%, aumentaría a 8.2% con esta propuesta.