Así, el Censo Nacional Económico se constituirá en el insumo más importante para elaborar los agregados macroeconómicos de la actividad productiva nacional, lo que permitirá determinar y actualizar las nuevas estructuras a nivel nacional y departamental.

Como es de público conocimiento, la actual situación económica del país, caracterizada por un crecimiento sostenido de nuestra economía y la estabilidad en la variación de los precios, presenta un entorno favorable para la ejecución de una investigación estadística de la naturaleza del IV Censo Nacional Económico.

En ese sentido, se ha encargado a través del Decreto Supremo N° 006-2008-PCM, publicado el domingo 3 de febrero de 2008, al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la dirección, organización y ejecución del IV Censo Nacional Económico, para cuyo efecto aprobará las normas técnicas correspondientes y efectuará las coordinaciones necesarias con las entidades públicas y privadas.

De otro lado, la información estadística requerida será proporcionada en el plazo que establezca el INEI, por las personas naturales o jurídicas que en el territorio nacional, se dediquen a las actividades económicas siguientes:

1. Pesca.
2. Explotación de minas y canteras.
3. Industrias manufactureras.
4. Suministros de electricidad, gas y agua.
5. Construcción.
6. Comercio (al por mayor y menor).
7. Reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales, enseres domésticos.
8. Hoteles y restaurantes.
9. Transportes, almacenamiento y comunicaciones.
10. Intermediación financiera.
11. Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler.
12. Enseñanza (privada).
13. Servicios sociales y de salud (privada).
14. Otras actividades de servicio comunitario, sociales y personales.

Cabe agregar que el periodo de referencia de la información para el censo corresponde al año 2007.

Mediante la presente resolución, se ha dispuesto declarar precedente de observancia obligatoria, de acuerdo con el artículo 154 del Texto Único Ordenado del Código Tributario aprobado por Decreto Supremo N° 135-99-EF, el siguiente criterio:

“Se cumple el requisito del inciso b) del artículo 19 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, aprobado por el Decreto Supremo N° 054-99-EF, cuando en los estatutos de las asociaciones sin fines de lucro no se ha establecido el destino de su patrimonio en caso de disolución, por ser de aplicación el artículo 98 del Código Civil.”

El sábado pasado (2/2/2008), el Tribunal Constitucional (TC) -en la sentencia recaída en el Expediente N° 00027-2006-PI- declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Colegio de Abogados de Ica contra los beneficios laborales especiales contemplados en la Ley N° 27360, norma que regula el régimen laboral para el sector agrario.

En efecto, la parte demandante sustentó su demanda alegando que las vacaciones de quince (15) días al año y la indemnización por despido arbitrario consistente en media remuneración por cada año de servicios, vulneraban los principios de igualdad y no discriminación establecidos en nuestra Constitución, por cuanto los trabajadores del régimen laboral común tienen derecho a mayores beneficios laborales.

Al respecto, entre los principales argumentos que sustentan lo resuelto por el TC, está que el régimen laboral agrario no es discriminatorio ni vulnera el principio de igualdad entre las personas porque el artículo 103 de la Constitución, permite al legislador regular de manera especial por exigencia de la naturaleza de las cosas, como así sucede con la realidad de la actividad agraria.

Por ello, el Estado está obligado a dictar medidas para la promoción del empleo, entre ellas, el apoyo preferente del sector agrario. Por otro lado, el colegiado constitucional también refiere que la Ley N° 27360 es concordante con la legislación laboral especial aprobada en otros países de la región como Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela, donde a través de normas especiales han establecido derechos mínimos para los trabajadores de dicho sector.

En ese sentido, considerando las características del trabajo agrícola, como son la temporalidad de los contratos, la ubicuidad de la labor agraria y flexibilidad de los horarios, el  el TC concluye que es válido que los trabajadores de este sector no tengan la misma protección laboral de los trabajadores del régimen laboral común, por lo que la Ley N° 27360 mantiene plenamente su vigencia.

A continuación, mostramos un cuadro en el que se aprecian las diferencias entre el régimen laboral común y el régimen laboral agrario.

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