Con la finalidad de uniformizar la información que se solicita en el Estado de Ganancias y Pérdidas (EGYP) relacionada con la enajenación de valores y bienes del activo fijo de los PDT 660 (Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta 2007 - Renta Anual 2007) y 625, y poder distinguir los ingresos afectos de los exonerados provenientes de los operaciones cuyos importes se declaren en la Casilla 477 del EGYP del PDT Nº  625, resulta necesario incorporar las Casillas 432: Ingresos Afectos y 433: Ingresos Exonerados, como casillas asistentes de la Casilla 477 en el EGYP del mencionado PDT.

Como consecuencia de lo anterior, mediante la norma en comentario se aprueba una nueva versión del PDT Modificación de coeficiente o porcentaje para el cálculo de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta - Formulario Virtual Nº 0625, versión 1.1., a ser utilizada por todos los contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría y determinen el pago a cuenta del Impuesto a la Renta por cualquiera de los dos sistemas establecidos en el artículo 85 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

Mediante la norma en comentario se incorpora a la relación de empresas del sistema financiero que deben utilizar el sistema de embargo por medios telemáticos, establecido por la Resolución de Superintendencia N° 201-2004-SUNAT, a las empresas señaladas en el Anexo siguiente:

Anexo Adjunto

Tales empresas deberán implementar el referido sistema antes del 1 de mayo de 2008.

Se aprueba el Texto Único de Procedimiento Administrativo del Servicio Administración Tributación de la Municipalidad de Lima Metropolitana (TUPA del SAT). Asimismo, se modifican los derechos de trámite exigidos por los procedimientos y/o servicios contenidos en el referido TUPA.

Se regula el procedimiento para la formulación, tramitación y atención de denuncias presentadas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por hechos u omisiones que presuntamente configuren incumplimiento tributario y no tributario, respecto de la deuda que administra.

Mediante la presente resolución, Indecopi ha establecido, con carácter de precedente de observancia obligatoria, que los acreedores titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor quedan facultados para apersonarse al procedimiento a fin de obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar con derecho a voz y a voto en la Junta de Acreedores, a partir de la fecha en que se acuerde o declare la liquidación del deudor.

Como sabemos, la participación de los acreedores dentro del proceso concursal se manifiesta a través del ejercicio de dos clases de derechos consustanciales a su calidad de principales afectados con la crisis patrimonial del deudor: derechos económicos y derechos políticos.

El ejercicio de los derechos económicos de los acreedores en el procedimiento constituye el elemento medular de todo régimen concursal. Toda vez que la finalidad del concurso es la superación de la situación de insolvencia económica y financiera por la que atraviesa el deudor y que se traduce en la falta de pago de sus obligaciones. La obtención de dicho objetivo presupone la satisfacción de los derechos de crédito afectados por la cesación colectiva de pagos, hasta donde lo permita el patrimonio del deudor concursado.

Por su parte, el otorgamiento de los derechos políticos está supeditado a la oportunidad en que los acreedores se apersonen al procedimiento para obtener el reconocimiento de sus créditos. El artículo 34.1 de la Ley General del Sistema Concursal (en adelante, LGSC) establece que tienen derecho a participar con voz y voto en las reuniones de junta los acreedores apersonados dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor y que hayan sido reconocidos por la autoridad concursal, en tanto que el artículo 34.3 del citado dispositivo legal señala que carecerán de tales derechos los acreedores que se apersonen con posterioridad al plazo antes indicado.

La finalidad de ello es que el universo de acreedores integrantes de la junta esté conformado únicamente por aquellos que soliciten oportunamente el reconocimiento de sus créditos, con el objeto de dotar de seguridad a los acuerdos adoptados por dicho órgano, en la medida que se identifique con precisión desde el inicio de la fase concursal a los agentes que van a adoptar la decisión relativa a los términos y condiciones de pago de los pasivos.

No obstante, el régimen general sobre conformación de juntas de acreedores previsto en el artículo 34 de la LGSC contempla una excepción en caso de que la empresa concursada ingrese a un proceso de liquidación.

En efecto, el artículo 74.6 de la citada norma establece que, en virtud del fuero de atracción de créditos que opera por el inicio del proceso de liquidación, los titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor deberán apersonarse al procedimiento para obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar en la Junta de Acreedores.

Ahora bien, no se puede extender los alcances del artículo 74.6 de la LGSC  a la participación en Junta de Acreedores de los titulares de créditos tardíos, toda vez que ello implicaría una aplicación analógica de la citada norma a dicho supuesto, lo que se encuentra proscrito expresamente por nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el artículo IV del Título Preliminar del Código Civil, que establece la prohibición de aplicar por analogía aquellas normas que establezcan excepciones o restrinjan derechos.

Por lo expuesto, Indecopi aprobó el siguiente precedente de observancia obligatoria:

“De conformidad con lo dispuesto en el numeral 74.6 del artículo 74 de la Ley General del Sistema Concursal, en virtud del fuero de atracción de créditos en procesos de liquidación, los acreedores titulares de créditos devengados con posterioridad a la fecha de publicación de la situación de concurso del deudor quedan facultados para apersonarse al procedimiento a fin de obtener el reconocimiento de sus créditos y poder participar con derecho a voz y a voto en la Junta de Acreedores, a partir de la fecha en que se acuerde o declare la liquidación del deudor, según sea el caso.
Dicho régimen no comprende a los acreedores titulares de créditos devengados con anterioridad a la fecha de publicación a que se refiere el artículo 32 de la Ley General del Sistema Concursal, quienes continuarán sujetos, incluso en los procesos de liquidación, a la regulación sobre participación en Junta de Acreedores prevista en el artículo 34 del citado dispositivo legal”.