Mediante la Ley en comentario se inafecta del pago de la tasa de despacho aduanero, establecida mediante Ley Nº 27973, Ley que establece la determinación del valor aduanero a cargo de la Sunat, a la tramitación  de las Declaraciones Únicas de Aduana correspondientes a las donaciones provenientes del exterior inafectas del pago de derechos arancelarios, IGV e ISC que arriben al país en calidad de ayuda humanitaria como consecuencia de la declaración del estado de emergencia por desastre natural.

Asimismo, se inafecta del pago de derechos arancelarios. IGV, IPM e ISC, a la importación de bienes efectuada por misiones diplomáticas, oficinas consulares, y organizaciones y organismos internacionales acreditados en el Perú, que arriben como ayuda humanitaria como consecuencia de la declaración del estado de emergencia por desastre natural. En este caso, los bienes cuya importación se encuentra inafecta seran aquellos establecidos en el decreto supremo que declare el estado de emergencia.

En ambos casos, las inafectaciones serán aplicables mientras dure el estado de emergencia por desastre natural.

Mediante la presente ley se crea el Registro del Agente Inmobiliario del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para lo cual se crea la figura del “agente inmobiliario”, el cual desarrollará el servicio de intermediación, destinado a la adquisición, administración, arrendamiento, comercialización, asesoramiento, consultoría, transferencia, venta, cesión, uso, usufructo, permuta u otra operación inmobiliaria, a título oneroso, de inmuebles o sobre los derechos que recaigan en ellos.

Este agente inmobiliario podrá ser una persona natural o jurídica, formalmente reconocida y acreditada por el Estado, a partir de su inscripción ante el Registro del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Para dicho efecto, la persona deberá presentar lo siguiente:

• Constancia expedida a favor del interesado que acredite haber aprobado el curso de especialización para agentes inmobiliarios, la cual tendrá una duración de 200 horas lectivas.
• Declaración jurada de encontrarse en pleno goce y ejercicio de derechos civiles por quien solicita la inscripción.
• Copia certificada del documento nacional de identidad del solicitante.
• Declaración jurada del domicilio del solicitante.
• Constancia de no registrar antecedentes penales por sentencia condenatoria.
• Otros.

La inscripción rige, en forma obligatoria, a partir de los 3 años de la entrada en vigencia de la ley. Durante este periodo, los agentes inmobiliarios que a la fecha realicen actividades establecidas por la ley podrán optar por continuar realizando sus funciones sin acreditación estatal o de lo contrario inscribirse en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley  comentada.

Este agente tendrá las siguientes obligaciones:

1. Actuar en los contratos sobre bienes inmuebles, bajo el principio de la buena fe y de la transferencia.
2. Asesorar a los propietarios, compradores o a quien pretende realizar una operación inmobiliaria, en la evaluación comercial para estimar, cuantificar y valorar los bienes, servicios, derechos y obligaciones que se sometan a su consideración.
3. Proponer con claridad, precisión y exactitud información veraz acerca de los negocios en los que interviene, a los propietarios, compradores o a quienes pretenden realizar una operación inmobiliaria.
4. Advertir, orientar y explicar a los propietarios, compradores y a quienes pretenden realizar una operación inmobiliaria acerca del valor y las características de los bienes y las consecuencias de los actos que realicen.

Mediante Casación N° 1363-2005 (20/02/2007) expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, como precedente de observancia obligatoria, se establece que la relación directa entre la presentación de una queja o reclamo interpuesto por el trabajador contra su empleador ante la autoridad administrativa o judicial competente y el despido injustificado por parte del empleador configura un despido nulo.

Al respecto, la Corte Suprema señala en sus considerandos que los criterios mediante los cuales se configura la nulidad del despido establecidos en el artículo veintinueve inciso c) del Decreto Supremo Nº 003-97-TR (27/03/1997) son: a) que el trabajador haya presentado una queja o participado en un proceso contra el empleador en defensa de sus derechos reconocidos por la ley y no con ánimo de obtener un medio de prueba para defenderse frente a un posible despido por causa justa; b) que el acto del despido se produzca con posterioridad a la formulación de la queja por parte del trabajador y dentro de un plazo tan cercano que produzca convicción en el juzgador que el móvil por el cual se dio término al vínculo laboral es la represalia por el reclamo formulado; y c) que el empleador no haya motivado expresamente su decisión de despedir al trabajador.