a)	La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de la existencia de divergencias o contradicciones latentes en la interpretación de los derechos, principios o normas constitucionales, o de relevancia constitucional.
b)	La constatación, a partir de un caso que ha sido sometido a la jurisdicción del Tribunal Constitucional, de que los operadores jurisdiccionales o administrativos, vienen resolviendo en base a una interpretación errónea de una norma del bloque de constitucionalidad; lo cual, a su vez, genera una indebida aplicación de la misma.
d)	Cuando en el marco de un proceso constitucional de tutela de los derechos, el Tribunal constata la inconstitucionalidad manifiesta de una disposición normativa que no solo afecta al reclamante, sino que tiene efectos generales que suponen una amenaza latente para los derechos fundamentales. En este supuesto, al momento de establecer el precedente vinculante, el Tribunal puede proscribir la aplicación, a futuros supuestos, de parte o del total de la disposición o de determinados sentidos interpretativos derivados del mismo; o puede también establecer aquellos sentidos interpretativos que son compatibles con la Constitución.
e)	Cuando se evidencia la necesidad de cambiar de precedente vinculante.

A)

Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante cuando se estime una demanda por violación o amenaza de un derecho fundamental, a consecuencia de la aplicación directa de una disposición por parte de la administración pública, no obstante ser manifiesta su contravención a la Constitución o a la interpretación que de ella haya realizado el Tribunal Constitucional (artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional), y que resulte, por ende, vulneratoria de los valores y principios constitucionales, así como de los derechos fundamentales de los administrados. Regla sustancial: Todo tribunal u órgano colegiado de la administración pública(1) tiene la facultad y el deber de preferir la Constitución e inaplicar una disposición infraconstitucional que la vulnera manifiestamente, bien por la forma, bien  por el fondo, de conformidad con los artículos 38.º, 51.º y 138.º de la Constitución. Para ello, se deben observar los siguientes presupuestos: (1) que dicho examen de constitucionalidad sea relevante para resolver la controversia planteada dentro de un proceso administrativo; (2) que la ley cuestionada no sea posible de ser interpretada de conformidad con la Constitución.

B)

Regla procesal: El Tribunal Constitucional, de acuerdo con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, tiene la facultad jurídica para establecer, a través de sus sentencias que adquieren la autoridad de cosa juzgada, un precedente vinculante, a consecuencia de la aplicación directa de una norma o cuando se impugnen determinados actos de la administración pública que resulten, a juicio del Tribunal Constitucional, contrarios a la Constitución y que afecten no solo al recurrente, sino también, por sus efectos generales, o por ser una práctica generalizada de la administración pública, a un grupo amplio de personas. Regla sustancial: Todo cobro que se haya establecido al interior de un procedimiento administrativo, como condición o requisito previo a la impugnación de un acto de la propia administración pública, es contrario a los derechos constitucionales al debido proceso, de petición y de acceso a la tutela jurisdiccional y, por tanto, las normas que lo autorizan son nulas y no pueden exigirse a partir de la publicación de la presente sentencia.”

Dispositivo	:	Decreto Supremo N° 017-2006-TR
Fecha de publicación	:	Miércoles 18 de octubre  de 2006
Fecha de vigencia	:	Jueves 19 de octubre de 2006

Dispositivo	:	Resolución Viceministerial Nº 021-2006-EF/15
Fecha de publicación	:	Miércoles 18 de octubre de 2006
Fecha de vigencia	:	Jueves 19 de octubre de 2006

Dispositivo	:	Resolución Jefatural Nº 296-2006-INEI
Fecha de publicación	:	Miércoles 18 de octubre de 2006
Fecha de vigencia	:	Jueves 19 de octubre de 2006

Dispositivo	:	Resolución Jefatural Nº 297-2006-INEI
Fecha de publicación	:	Miércoles 18 de octubre de 2006
Fecha de vigencia	:	Jueves 19 de octubre de 2006

Dispositivo	:	Resolución Jefatural Nº 298-2006-INEI
Fecha de publicación	:	Miércoles 18 de octubre de 2006
Fecha de vigencia	:	Jueves 19 de octubre de 2006

Para dicha especialista, el FMI dejará la decisión de mantener estos Impuestos en manos del Gobierno peruano, dada la experiencia de otros países donde el organismo multilateral ha aceptado la decisión de los respectivos gobiernos de permanecer con estos Impuestos.

De esta forma, la economista sostiene que es probable que se mantengan estos Impuestos ineficientes, dado que pueden resultar necesarios para mantener la recaudación en cierto nivel. De optar el Perú por mantener el ITAN y el ITF, el FMI no tendría por qué oponerse, subrayó.

Fuente: diario Gestión

En segundo lugar, se ha señalado la obligación de contar con el citado estudio técnico para todos aquellos sujetos cuyos ingresos devengados (que incluyan operaciones con vinculadas o no) superen los 6 millones de nuevos soles en el ejercicio, y el monto de las operaciones con las vinculadas supere el millón de nuevos soles en el ejercicio.

Finalmente, la norma exceptúa de las dos obligaciones antedichas a las personas naturales, sucesiones indivisas o sociedades conyugales que hayan optado por tributar como tales a efectos del Impuesto a la Renta, no generando rentas de tercera categoría. Tal sería el caso, por ejemplo, de una persona natural que sea accionista común en empresas vinculadas, que perciba dividendos de ambas entidades (ingresos de segunda categoría) y que a la vez alquile inmuebles a dichas sociedades (ingresos de primera categoría).

Fuente: diario oficial El Peruano

Al respecto, la mayoría de especialistas en materia laboral coincidieron en señalar que las empresas no deberían realizar el pago de compensaciones por días como ayer. En efecto, para los laboralistas Ricardo Herrera (Estudio Muñiz, Ramírez, Pérez-Taiman y Luna-Victoria) y Germán Lora (Estudio Payet, Rey, Cauvi), el D.S. N° 070-2006-PCM claramente señala que las horas dejadas de laborar en el Sector Privado serán compensadas cuando lo disponga el empleador. También señaló que en caso de que el trabajador privado haya continuado con su jornada después del mediodía, no habría obligación del empleador de otorgar un descanso adicional o un pago extra.

En cambio, el Dr. Jorge Toyama sostiene que si el trabajador continuó trabajando pasado el mediodía de ayer, tiene derecho a que se le compensen las horas con descansos equivalentes o se le pague una sobretasa de mediodía de trabajo feriado, esto es mediodía de sueldo adicional.

Fuente: diario Gestión

Sin embargo, el artículo correspondiente de la Ley General de Trabajo (LGT), si bien asume lo establecido en términos de jornada máxima de trabajo, restringe la duración del ciclo de las jornadas atípicas o acumulativas, disponiendo que no superen las tres semanas. De esta forma, se radicaliza la tesis del Tribunal Constitucional que consideraba inconstitucional la jornada acumulativa en el Sector Minero.

Otro aspecto controvertido es el límite fijado al trabajo en sobretiempo en las jornadas atípicas, pues la LGT señala que no podrá ser mayor a las nueve horas durante el periodo o ciclo correspondiente. Esta disposición disminuiría la cantidad de horas laboradas en este tipo de jornadas respecto de las típicas.

Cabe resaltar que estas limitaciones contempladas en el articulado de la LGT tendrían una incidencia negativa directa en actividades como la minería y la extracción del petróleo.

Fuente: diario Gestión

A criterio de dicho colegiado, sí existiría justificación para imponer la jubilación por cumplimiento de cierta edad en los casos como los del personal administrativo de una universidad y, en general, en el caso de trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

En efecto, según el D.S. 003-97-TR, la jubilación es obligatoria y automática al cumplir el trabajador los 70 años, salvo que exista pacto en contrario entre el empleador y el trabajador. El TC ha reafirmado que la aplicación de esta norma no vulnera ningún derecho constitucional.

Por otro lado, resulta inconstitucional la jubilación obligatoria por cumplimiento de edad para profesionales como los profesores universitarios y diplomáticos.

Fuente: diario Gestión

Este convenio de cooperación tendrá como fin la exportación de productos hacia el mercado asiático a través de un esfuerzo conjunto y un consecuente incremento de la competitividad. Así, empresarios chilenos y peruanos están analizando mecanismos de inversión conjunta y posibilidades de ampliación del comercio.

En reuniones entre la titular del Comercio Exterior peruano, el canciller chileno Alejandro Foxley y el ministro de Economía de Chile, Alejandro Ferreiro, se abordaron temas como el apoyo a la pequeñas empresas y microempresas, el desarrollo de la innovación tecnológica y el tema turístico como reto conjunto.

Sobre este último aspecto, el presidente de la Cámara Peruano Chilena, Eduardo Scerpella, confirmó que ambos países buscan impulsar una oferta turística conjunta, que incluiría alianzas en el tráfico aéreo. Esta oferta estaría dirigida principalmente hacia Europa y Asia Pacífico.

Fuente: diario oficial El Peruano

Así, la constitución de una empresa puede hacerse sin requerirse de la minuta de un abogado, con lo cual se abaratan los costos. Tan solo es necesario que el interesado acuda ante el notario y enuncie la conformación de la empresa, los órganos que la conforman, el capital social, el objeto social, entre otros.

Si bien no es posible definir un costo exacto por trámite, pues cada notaría determina su propia estructura de costos y los precios se fijan por la oferta y la demanda, la inversión que demanda la constitución de una empresa en una notaría de Lima puede oscilar entre los 120 y 280 nuevos soles.

Entre otros procedimientos que los pequeños y medianos empresarios pueden hacer ante las notarías figuran también el nombramiento de administradores y apoderados, la transferencia de participaciones, las modificaciones en los estatutos, el aumento o reducción en el capital, e incluso la liquidación o disolución de las PYME.

Fuente: diario oficial El Peruano

Para dicho efecto, se han publicado 3 documentos para consulta ciudadana: 1. Modificación al Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de Valores Mobiliarios; 2. Modificación de las Normas Comunes para la Determinación del Contenido de los Documentos Informativos; y 3. Políticas de Supervisión posterior de valores inscritos de acuerdo con el Reglamento de Oferta Pública Primaria dirigida exclusivamente a Inversionistas Acreditados.

Las personas interesadas pueden hacer llegar sus opiniones y comentarios a la dirección:
Proyecto-ROPPIA@conasev.gob.pe, hasta el viernes 27 de octubre de 2006.

Fuente: www.conasev.gob.pe

Falta un día, para el vencimiento del plazo para el pago de aportes a las AFP por Declaración sin Pago correspondiente al periodo de agosto con rebaja del 20%.

Faltan dos días, para el vencimiento del plazo para el pago de aportes a las AFP por Declaración sin Pago correspondiente al periodo de setiembre con rebaja del 50%.

Asimismo, vence el plazo para el pago del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) de las operaciones realizadas entre el 1 y el 15 de octubre de 2006.

	Temas
	Aplicación del sistema de detracciones al servicio de transporte de carga: ¿Cómo determinar el valor del servicio según los últimos cambios efectuados?
	Medios de defensa del contribuyente en un procedimiento de ejecución coactiva municipal.
	Procedimientos para la presentación de la Declaración de Predios a través del PDT 3530 y del Formulario Virtual 1630.
	¿Cómo se aplica el saldo a favor materia del beneficio del exportador?
	Pérdida del beneficio de depreciación acelerada en un contrato de leasing.
	Jurisprudencia: ¿Cuándo se configura la infracción por presentar las declaraciones en lugares distintos a los señalados?
	Errores más frecuentes en el costeo por órdenes específicas.
	Acciones de control y verificación realizadas por la Sunat para otorgar el beneficio del drawback.
	Conozca el nuevo procedimiento sancionador establecido en la Ley General de Inspección del Trabajo.
	Procedimiento para contratar un seguro complementario de trabajo de riesgo con EsSalud y ONP.
	Modelo de solicitud de fraccionamiento y/o aplazamiento de multas inspectivas.
	Aspectos legales a tener en cuenta en un contrato de asociación en participación.

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