Mediante la presente ley se modifican diversos artículos del Código Procesal Civil estableciéndose en su segunda disposición modificatoria la modificación del artículo 32, el inciso 2 del artículo 33, los incisos 3 y 5 del artículo 35, el inciso 2 del artículo 40, el artículo 42; y el artículo 51 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Así, en lo que respecta al ámbito laboral, con la modificación del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se ha variado la competencia de las salas y juzgados laborales, estipulándose literalmente lo siguiente:

(i) Las salas laborales conocen:

1. En grado de apelación, lo resuelto por los juzgados de trabajo.
2. De los procesos de acción popular en materia laboral.
3. De las contiendas de competencia promovidas entre juzgados especializados del mismo distrito judicial.
4. De los conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas, en los casos previstos por ley.
5. Del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación.
6. La homologación de conciliaciones privadas.

(ii) Los juzgados especializados de trabajo conocen de las pretensiones individuales o colectivas por conflictos jurídicos sobre:

1. Impugnación del despido.
2. Cese de actos de hostilidad del empleador.
3. Incumplimiento de disposiciones y normas laborales, cualquiera fuera su naturaleza.
4. Pago de remuneraciones y beneficios económicos, siempre que excedan de 10 URP.
5. Ejecución de resoluciones administrativas, sentencias emitidas por las salas laborales, laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurídicos o títulos de otra índole que la ley señale.
6. Actuación de prueba anticipada sobre derechos laborales.
7. Impugnación de actas de conciliación celebradas ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, reglamentos internos de trabajo y estatutos sindicales.
8. Entrega, cancelación o redención de certificados, pólizas, acciones y demás documentos que contengan derechos o beneficios laborales.
9. Conflictos intra e intersindicales.
10. Indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause perjuicios económicos al empleador, incumplimiento del contrato y normas laborales, cualquiera fuera su naturaleza, por parte de los trabajadores.
11. Impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación colectiva.
12. Demanda contenciosa administrativa en materia laboral y seguridad social.

Mediante la presente ley se establece el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos.

Debemos recordar que con fecha 22 de abril de 2009 se publicó el Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC que modifica el Reglamento Nacional de Tránsito y aprueba su Texto Único Ordenado, el cual regirá desde el 21 de julio de 2009.

Las principales modificaciones que efectuó el referido decreto supremo, versan sobre la calificación y monto de las sanciones, reformulándose el mecanismo de sanción  a los conductores infractores, en la medida en que se adoptó un sistema de reducción de puntos como consecuencia de las reiteradas violaciones al Reglamento Nacional de Tránsito. Esto último es la gran innovación que aporta la referida modificatoria, siendo que ahora la acumulación de infracciones (puntos) será causal de suspensión de la licencia de conducir.

Complementando la modificatoria anterior, la presente ley crea el Sistema de Control de Licencias de Conducir por Puntos, estableciendo un puntaje específico para cada infracción de tránsito contenida en el Reglamento Nacional de Tránsito, que tiene un máximo de cien (100) puntos para conductor con licencia hábil.

Así, se ha modificado el artículo 28 de la Ley General de Transporte Terrestre que ahora dispone el puntaje que se le asignará a cada tipo de infracción, por ejemplo:

• Infracción leve:                                   de uno (1) a veinte  (20) puntos.
• Infracción graves:                               de veinte (20) a cincuenta (50) puntos.
• Infracción muy graves:                        de cincuenta (50) a cien (100) puntos.
• Si es ilícito penal:                                cancelación de la licencia.

Finalmente, se establece que la presente ley entrará en vigencia el 21 de julio de 2009, fecha a partir de la cual también regirán las modificatorias al Reglamento Nacional de Tránsito efectuadas por el Decreto Supremo Nº 016-2009-MTC.

El presente decreto de urgencia precisa la participación de los acreedores vinculados a los deudores en procedimientos concursales regidos por la Ley General del Sistema  Concursal.

En efecto, en la medida en que el objetivo de la Ley concursal (la recuperación del crédito a través de la asignación eficiente de recursos) y la finalidad de los procedimientos concursales (propiciar un ambiente idóneo para la negociación entre los acreedores y el deudor sometido a concurso) pueden verse afectados cuando existan acreedores vinculados al deudor, la presente norma ha establecido las siguientes reglas a los acreedores en casos de vinculación con el deudor: