Actualmente, la contratación de trabajadores en las empresas exportadoras de productos no tradicionales se encuentra regulada por la Ley de Promoción de Exportación de productos no tradicionales, la cual permite a las empresas contratar personal de acuerdo con sus requerimientos de exportación. Esto se debe a que el desarrollo de las actividades de la empresa está condicionado a las órdenes de compra solicitadas desde el extranjero, que lógicamente justifica la contratación temporal de personal. Naturalmente, la finalidad de dicha norma, publicada en el año 1978, fue promover y fomentar la exportación de tales productos, para así obtener mayores beneficios económicos para el sector.

No obstante lo referido, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó, por mayoría, un dictamen que limita la contratación de trabajadores mediante sucesivos contratos temporales por varios periodos. Dicho dictamen señala que, cuando la norma en estudio entre en vigencia, los trabajadores que tengan más de 5 años laborando para una empresa exportadora serán considerados como contratados a plazo indeterminado. Por otro lado, aquellos que se encuentren laborando por un periodo menor seguirán siendo contratados de acuerdo con las distintas modalidades que establece el régimen laboral privado. A criterio del presidente de la mencionada comisión, Isaac Serna, no se busca otorgar a los trabajadores estabilidad laboral, sino seguridad laboral.

Finalmente, el parlamentario manifestó también que con la entrada en vigencia de la norma propuesta se les reconocerá una especial protección a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Como se recordará, el proyecto de ley elaborado por la Comisión de Trabajo del Congreso sobre la tercerización de servicios se encontraba pendiente de aprobación, debido a algunas observaciones y/o modificaciones planteadas por las diversas bancadas parlamentarias. Es el caso que, en la sesión del día de ayer miércoles 28 de mayo y tras un largo debate, finalmente se aprobó el referido proyecto.

Una de las materias que contemplaba el proyecto inicial y que justamente motivaron los principales planteamientos, consistía en la responsabilidad solidaria que pretendía instituirse entre la empresa principal y la empresa tercerizadora para el pago de la remuneración y los beneficios sociales de los trabajadores de esta última. La norma finalmente aprobada, atenuando la propuesta primigenia, dispone que tal solidaridad solo operará durante el tiempo de duración del contrato de servicios y por un año después que concluya el mismo.

Tema adicional es la subcontratación, que en principio se quería eliminar, sin embargo, se permitirá su instauración siempre y cuando las empresas que la realicen cumplan con lo dispuesto en las normas laborales, así como los requisitos exigidos para las empresas tercerizadoras. Así también, se ha eliminado la exigencia de que estas empresas cuenten con equipos propios, no obstante, sí se exigirá que cuenten con infraestructura.