Las modificaciones realizadas por la Comisión de Trabajo al proyecto de ley que regula los servicios de tercerización, no obtuvieron el consenso de los parlamentarios asistentes a la última sesión de debate. Se ha rechazado, principalmente, aquella propuesta que busca establecer la solidaridad entre las empresas de tercerización y las usuarias respecto al pago de los beneficios sociales y obligaciones de seguridad social de los trabajadores de la empresa tercerizadora.

Sustentando su posición, el congresista Javier Bedoya manifestó que dicha propuesta podría generar que las empresas de tercerización eludan sus obligaciones laborales.

El día de ayer ha sido publicada en el diario oficial la Resolución N° 0770-2008/TDC-INDECOPI, en virtud de la cual el INDECOPI ha confirmado en todos sus extremos la Resolución Nº 0197-2007/CAM-INDECOPI, declarando que las tasas por inscripción en el Registro Nacional de Proveedores - RPN establecidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Consucode, constituyen una barrera burocrática ilegal que contraviene lo dispuesto en el numeral 45.1 del artículo 45º de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Conviene recordar que la referida norma establece un límite a la cuantía de las tasas por derechos de tramitación para la prestación de un servicio administrativo, al disponer que estas deben ser determinadas sobre la base del costo del servicio prestado. Se debe subrayar, como lo hace el Indecopi, que ello no se traduce en una equivalencia matemática con el costo real o efectivo del servicio administrativo, como ocurre con las tasas por emisión de documentos, sino simplemente que la tasa debe ser determinada en función al costo del servicio brindado.

En el caso concreto, de acuerdo con el Consucode, el costo unitario del procedimiento de inscripción de proveedores del Estado en el RNP ascendía a S/. 447,45. Sin embargo, la Gerencia de Estudios Económicos del INDECOPI determinó que dicho costo debía ascender más bien a S/. 67,78. Lo que es más interesante, se estableció que la diferencia entre ambos costos obedecía a que el Consucode había incorporado como uno de los costos del procedimiento de inscripción en el RNP, el financiamiento total del Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado - Seace, entre otros.