De acuerdo con lo señalado en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, las entidades ante las cuales se realizan procedimientos de aprobación automática o evaluación previa quedan obligadas a verificar de oficio, mediante el sistema del muestreo, la autenticidad de las declaraciones, documentos, informaciones y traducciones presentadas por los administrados.

En atención a ello, mediante la presente resolución, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) aprueba la Directiva para la fiscalización posterior aleatoria de los procedimientos contenidos en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Mediante la presente resolución se ha modificado los artículos 9 y 10 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Propiedad Vehicular aprobado por Resolución Nº 087-2004-SUNARP-SN

A tenor de lo dispuesto en la Novena Disposición Complementaria Transitoria del Reglamento de placa única nacional de rodaje (Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC) se faculta a la entidad designada para la fabricación de las Placas de Rodaje de los Vehículos Automotores operar como tal hasta la fecha de entrada en vigencia del Reglamento de Placa de Rodaje, autorizándola expresamente, además, a fabricar las placas temporales durante ese periodo.

En otras palabras, se  faculta al Registro de Propiedad Vehicular a realizar las inscripciones provisionales de los vehículos ingresados bajo el régimen de internamiento temporal, en mérito a la Declaración Única de Aduanas - DUA, así como para expedir las correspondientes tarjetas de identificación vehicular temporales.

De ahí que exista la necesidad de regular el uso de las denominadas placas temporales e implementar las acciones que sean necesarias para su entrega en forma inmediata a los administrados que posean vehículos ingresados al país bajo el mencionado régimen.

De esta manera, la presente resolución establece que para realizar la primera inscripción de un vehículo importado bajo el régimen de internamiento temporal establecido en leyes especiales, deberá adjuntarse la Declaración Única de Aduanas (DUA) que establezca tal condición y el periodo de vigencia.

Mediante la presente ley se establece y regula el procedimiento no contencioso de separación convencional y divorcio ulterior en las municipalidades y notarías.

En efecto, ahora  los alcaldes distritales y provinciales, así como los notarios de la jurisdicción del último domicilio conyugal o de donde se celebró el matrimonio podrán llevar a cabo el proceso de separación convencional y divorcio ulterior.

Para acogerse a lo dispuesto en la presente Ley, los cónyuges deberán tener como mínimo dos (2) años de casados; no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad, o de tenerlos, contar con sentencia judicial firme o acta de conciliación emitida conforme a ley; carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales, o si los hubiera, contar con la escritura pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial

La solicitud de divorcio o separación donde se  expresa de manera indubitable la decisión de separarse  deberá contener lo siguiente:

a) Copias simples y legibles de los documentos de identidad de ambos cónyuges;
b) Acta o copia certificada de la partida de matrimonio, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
c) Declaración jurada, con firma y huella digital de cada uno de los cónyuges, de no tener hijos menores de edad o mayores con incapacidad.
d) Acta o copia certificada de la partida de nacimiento, expedida dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud y copia certificada de la sentencia judicial firme o acta de conciliación respecto de los regímenes del ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencia y de visitas de los hijos menores o hijos mayores con incapacidad, si los hubiera.
e) Escritura pública inscrita en los Registros Públicos, de separación de patrimonios; o declaración jurada, con firma e impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer de bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales; y
f) Escritura pública inscrita en los Registros Públicos, de sustitución o liquidación del régimen patrimonial, si fuera el caso.

Respecto al procedimiento, se establece que el alcalde o notario que recibe la solicitud, verificará el cumplimiento de los requisitos, en un plazo de quince (15) días, luego de lo cual convoca a audiencia única.

En caso se solicite en la vía municipal, se requerirá del visto bueno del área legal respectiva o del abogado de la municipalidad sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos.

En la audiencia los cónyuges manifiestan o no su voluntad de ratificarse en la solicitud de separación convencional.