A través del  Decreto Legislativo N° 1000, se estableció la posibilidad de regularizar las exportaciones, señalando que la Administración Tributaria establecerá el procedimiento para la subsanación de errores en las declaraciones de exportación. Al respecto, la presente norma aprueba el procedimiento específico “Regularización de exportación – Decreto Legislativo N° 1000- IFGRA-PE.36”.

Mediante la presente norma se ha aprobado la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Con la finalidad de legislar sobre las diversas materias relacionadas con la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (TLC), y en el marco de la delegación de facultades que le han sido otorgadas, el ejecutivo ha aprobado el presente Decreto Legislativo Nº 1017, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Con respecto al régimen anterior, existen cambios relevantes que buscan evitar la lentitud en los procesos de contratación, limitar el exceso de control, promover la descentralización y, principalmente, adecuar la normativa al TLC.

En principio, el ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones varía, siendo que las contrataciones cuyos montos sean iguales o inferiores a tres Unidades Impositivas Tributarias (anteriormente era una UIT), vigentes al momento de la transacción (salvo que se trate de bienes y servicios incluidos en el catálogo de convenios marco) no se regirán por la norma en comentario. Ello implica, por ejemplo, que las empresas que contraten por montos menores a diez mil soles no tendrán que estar registrados en el Registro Nacional de Proveedores.
De otro lado,  Consucode ya no tendrá competencia para velar por el cumplimiento y difusión de la Ley de Contrataciones, sino que será el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE quien realice tales funciones. No obstante, Consucode no perderá todas sus facultades, siendo que podrá realizar un control aleatorio de los contratos que seleccione de acuerdo con sus criterios.
Uno de los principales cambios viene referido a la garantía que se otorgaba al interponer los recursos impugnativos ante el tribunal de contrataciones. En efecto, con la nueva Ley de Contrataciones, la garantía por interposición del recurso de apelación será equivalente al tres por ciento (3%) del valor referencial del proceso de selección o del ítem que se decida impugnar, y, en cualquier caso, la garantía no podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%) de una (1) UIT. En la norma anterior, la garantía era del uno por ciento (1%) y no se hacía referencia a un monto mínimo.

Una de las principales referencias al TLC la encontramos en la sexta disposición complementaria final que refiere que en aquellas contrataciones que se encuentren bajo el ámbito de tratados u otros compromisos internacionales, que impliquen la aplicación de los principios de trato nacional y no discriminación, las entidades contratantes deberán conceder incondicionalmente a los bienes, servicios y proveedores de la otra parte, un trato similar o no menos favorable que el otorgado por la normativa peruana a los bienes, servicios y proveedores nacionales, de conformidad con las reglas, requisitos y procedimientos establecidos en la presente norma, su reglamento y en la normativa de la materia.

Ello implicará, por ejemplo, que no se le otorguen beneficios a las empresas nacionales con respecto a las extrajeras, como suele ocurrir en algunos procesos de selección, donde la empresa nacional, por ser tal, obtiene una bonificación.

En el marco de las facultades legislativas delegadas en el Poder Ejecutivo para facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos, hoy se ha publicado en El Peruano, el Decreto Legislativo N° 1018, que crea la Central de Compras Públicas – Perú Compras, organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe resaltar que el nuevo ente tiene personería jurídica de derecho público, con autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, constituyendo pliego presupuestal.

Entre las principales funciones que se asignan a la nueva entidad se encuentran:

Se debe precisar que no se encuentran sujetas a este Decreto Legislativo, las contrataciones y adquisiciones efectuadas por los Gobiernos Regionales y Locales, sin perjuicio de que éstos puedan solicitar participar previo convenio correspondiente, como se ha señalado líneas arriba.