Finalmente, se establece que los insumos químicos y productos fiscalizados puestos a disposición de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas del Ministerio del Interior, que no puedan ser vendidos o transferidos, o que por su estado de conservación solo requieran, serán neutralizados químicamente y/o destruidos según sus características físico–químicas. Asimismo, se dispondrá de los residuos sólidos resultantes del tratamiento, de acuerdo a lo establecido en las reglamentaciones específicas.

Mediante la presente ley se establece la incorporación de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-PERÚ) a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS). En ese sentido, se dispone que dicha unidad será la encargada de recibir, analizar, tratar, evaluar y transmitir información para la detección del lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo, así como de coadyuvar a la implementación por parte de los sujetos obligados del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y/o del financiamiento del terrorismo.

Por otra parte, se establece que dentro de los 90 días siguientes de entrada de vigencia de la presente ley, la UIF-PERÚ efectuará la transferencia de sus activos, pasivos y recursos a la SBS. Asimismo, una vez concluido dicho proceso de transferencia, se extinguirá la personería jurídica de la UIF-PERÚ debido a su incorporación como unidad especializada a la SBS.

Asimismo, se determina como sujetos obligados a proporcionar información a:

- Las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros.
- Las empresas emisoras de tarjetas de crédito y/o débito.
- Las cooperativas de ahorro y crédito.
- Los fiduciarios o los administradores de bienes, empresas y consorcios.
- Las sociedades agentes de bolsa, las sociedades agentes de producto y las sociedades intermediarias de valores.
- Las sociedades administradoras de fondos mutuos, fondos de inversión, fondos colectivos y fondos de seguros de pensiones
- La bolsa de valores, otros mecanismos centralizados de negociación e instituciones de compensación  y liquidación de valores, entre otros.

Por otro lado, son sujetos obligados a informar respecto a operaciones sospechosas, las personas naturales y jurídicas que se dediquen a:

- La compra y venta de divisas.
- El servicio de correo y courier.
- El comercio de antigüedades.
- Los préstamos y empeño.
- Las agencias de viaje y turismo, hoteles y restaurantes.
- Los martilleros públicos, entre otros.

Por último, se establece que dentro de los 60 días de la entrada en vigencia de la presente ley, se dictarán, mediante decreto supremo, las medidas complementarias y las normas necesarias, a efectos de que se regule el ejercicio de las competencias y funciones, así como la facultad sancionadora en materia de lavado de activos.