En marzo de este año se modificó la Ley del Impuesto General a las Ventas (IGV) mediante el Decreto Legislativo Nº 980. Dicha norma, entre otras modificaciones y precisiones, introdujo algunos cambios en cuanto al tratamiento de los mutuos de bienes consumibles y en lo relacionado a la exportación de bienes y servicios, específicamente respecto de los requisitos para considerar exportado un servicio y el de la exportación de bienes a través de los denominados holdings certificates.

En ese sentido, el decreto supremo bajo comentario básicamente reglamenta estos dos temas, pero además, vuelve a incluir, sin cambiar una letra, los requisitos que la norma reglamentaria contenía respecto de la exportación de servicios, los que habían sido derogados mediante la Segunda Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo Nº 980.

El Decreto Legislativo Nº 980, a la vez que introducía un párrafo en el artículo 15 de la Ley del IGV para establecer que, en caso de mutuo de bienes, la base imponible de las “ventas” que efectuaban las partes sería el valor de mercado, también derogaba la norma reglamentaria (numeral 5 del artículo 5) en cuanto establecía que la referida operación se trataba como un servicio de financiamiento, caso en el cual solo el mutuante (el que prestaba los bienes), y por la mayor cantidad o valor recibido, estaba gravado con el IGV.

Tal modificación supuso, y así quedó establecido en el artículo 15 de la Ley del IGV, que desde el 1 de abril de 2007, todas las operaciones de mutuo de bienes se deben considerar separadamente como ventas, siendo la base imponible el valor de mercado de los bienes entregados en calidad de mutuo como de los devueltos en esa misma relación.

Con el tratamiento incluido en el numeral 5 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del IGV por la norma bajo análisis, se precisa que en los casos en los que no sea posible aplicar el valor de mercado en el mutuo de bienes, la base imponible será:

La citada precisión atiende al hecho de que en algunos casos los bienes no podrían ser valorados de acuerdo a las disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto a la Renta, por lo que resultaría apropiado que la misma normativa del IGV establezca cuál será la base imponible.

Como indicamos líneas arriba, el Decreto Legislativo Nº 980 derogó el numeral 1 del artículo 9 del Reglamento de la Ley del IGV, el mismo que contenía los requisitos para que los servicios incluidos en el Apéndice V de la Ley del IGV calificaran como exportación de servicios.

En aquella oportunidad, se señaló que tal disposición derogatoria debió ir acompañada de una inclusión en la propia Ley del IGV reproduciendo los referidos requisitos, pero ello no sucedió. Así, muchos nos quedamos en la incertidumbre de no saber qué aplicar, pues normativamente no existían requisitos, aunque sí los había desde el punto de vista doctrinario, conceptual y hasta económico.

Ahora bien, desde el punto de vista constitucional, tales requisitos deberían estar en la Ley del IGV, pues de su aplicación se tendrá a una operación determinada como exportación de servicios o no, y por ende, inafecta o gravada con el impuesto, respectivamente; de modo que tales disposiciones constituyen elementos esenciales del ámbito de aplicación del IGV, por lo cual se entiende también la exigencia del respeto al Principio de Reserva de Ley recogido en el artículo 74 de la Constitución.

No obstante ello, el legislador tributario insiste en mantener tales requisitos a nivel reglamentario, y corrigiendo parcialmente su error, vuelve a incluirlos exactamente con el mismo texto que tenían antes de su derogación en marzo pasado. Así, se vuelve a incluir el numeral 1 en el artículo 9 del Reglamento de la Ley del IGV con el texto siguiente:

“1.   Los servicios incluidos en el Apéndice V del Decreto se consideran exportados, cuando cumplan concurrentemente con los siguientes requisitos:

a) Se presten a título oneroso, lo que debe demostrarse con el comprobante de pago que corresponda, emitido de acuerdo con el reglamento de la materia y anotado en el registro de ventas e ingresos.
b) El exportador sea una persona domiciliada en el país.
c) El usuario o beneficiario del servicio sea una persona no domiciliada en el país.
d) El uso, explotación o el aprovechamiento de los servicios por parte del no domiciliado tengan lugar íntegramente en el extranjero.

No cumplen este último requisito, aquellos servicios de ejecución inmediata y que, por su naturaleza, se consumen al término de su prestación en el país.”

Exportación de bienes a través de los holdings certificates

Mediante la norma de la referencia se ha reglamentado el numeral 7 del artículo 33 de la Ley del IGV, incorporado a través del artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 980, publicado el 15 de marzo último, en el marco del último paquete tributario. Recordemos que mediante este numeral se señaló que calificaba como una operación de exportación la venta de bienes nacionales a favor de un comprador del exterior, en la que medien documentos emitidos por un almacén aduanero a que se refiere la Ley General de Aduanas o por un Almacén General de Depósito regulado por la Superintendencia de Banca y Seguros.

En efecto, se incorpora el numeral 9 al artículo 9 del Reglamento de la Ley del IGV, mediante el cual se regula esta operación de la siguiente manera:

Mediante la presente resolución, se establece la modificación de la directiva Nº 001-2007-MTC/15 y la prórroga del plazo de vigencia de las autorizaciones otorgadas a las entidades certificadoras de operatividad. Para dicho efecto, se establece que el certificado de operatividad deberá ser emitido en dos ejemplares, uno de los cuales se presentará a la autoridad competente del respectivo servicio de transporte como condición previa para la habilitación del vehículo y/o para acreditar que este ha aprobado la inspección técnica vehicular.

Por otro lado, se dispone que se podrán incorporar notas de carácter informativo en la parte inferior del reverso del certificado de operatividad, siempre y cuando estas notas informativas no contravengan lo dispuesto por la presente directiva Nº 001-2007-MTC/15.

Finalmente, se publican nuevos formatos de los siguientes certificados de operatividad:

a) Certificado de operatividad para el servicio de transporte terrestre de trabajadores por carretera. 
b) Certificado de Operatividad para el servicio especial comunal de transporte de pasajeros por carretera.
c) Certificado de operatividad para el servicio de transporte transfronterizo de pasajeros entre Perú y
    Ecuador.

  Mediante la ley que aprueba el crédito suplementario en el presupuesto del Sector Público para el año 2007, se dictaron diversas medidas para ciertas entidades del Estado, tales como:

1. Ministerio de Salud

Se autoriza a este ministerio a ampliar, a partir del mes de julio, la cobertura del “Servicios Rural Urbano Marginal” (Serum) en las zonas pobres y de pobreza extrema a nivel nacional. El costo que irrogue la aplicación de esta medida será con cargo al presupuesto establecido.

Asimismo, se establece la autorización para que dicho ministerio y las direcciones regionales de salud de los gobiernos regionales, puedan ceder su posición contractual en los contratos suscritos para la compra de medicamentos a favor del Ministerio del Interior.  En ese sentido, se debe señalar que las obligaciones derivadas de dichos contratos, se encontrarán a cargo del presupuesto del Ministerio del Interior.

Por último, se dispone que el Ministerio de Salud y los gobiernos regionales puedan adquirir ambulancias mediante mecanismos de compras corporativas facultativas a través del Seguro Social de Salud-Essalud, hasta por la suma de S/35`921, 000.00

Se establece que los gobiernos regionales y locales podrán suscribir convenios con los ministerios para el cofinanciamiento de proyectos, cuya ejecución sea competencia del gobierno nacional. Asimismo, se dispone que dichos convenios serán celebrados con cargo a los recursos comprendidos en la fuente de financiamiento de recursos determinados.

Asimismo, se dispone la asignación de recursos a diversos ministerios conforme al siguiente detalle:

• Asignación de S/ 165´183,979.00 a favor del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento.
• Asignación de S/ 40´653,615.00 a favor del Ministerio de Energía y Minas para la ejecución de los proyectos de electrificación rural.
• Asignación de S/ 113´493,720.00 a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para la ejecución del mantenimiento y conservación de carreteras. Además de la suma de S/ 9´151,328.00  destinada a la adquisición de predios ubicados en el derecho vía de la red vial Nº 6.

Mediante la presente ley se establece  la homologación de los contratos de obra con los contratos de bienes y servicios que celebren las mypes con el Estado para poder otorgar la retención del 10% del monto total del contrato como garantía de fiel cumplimiento. Al respecto, recordemos que el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 083-2004-PCM, establecía que solo en los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios, celebrados por las micro y pequeñas empresas con las entidades del Estado, se podría otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto total a contratar, porcentaje que sería retenido por la entidad respectiva.

No obstante, la ley bajo comentario hace extensivo dicho beneficio a los contratos de ejecución de obras y consultoría de obras que celebren las mypes con el Estado, en sustitución de la obligación de otorgar carta fianza o póliza de caución como garantía de fiel cumplimiento. Ttal beneficio procederá cuando:

Mediante la presente resolución se modifica los procedimientos 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20 y 38 del Texto Único de Procedimientos Administrativos del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, aprobado mediante  Decreto Supremo N° 043-2006-EF, en lo referido al porcentaje de tasa o derechos de tramitación establecidos.

De esta manera, se elimina el pago de tasas y derechos de trámite para los siguientes procedimientos:

Mediante la presente circular tiene como objetivo instruir sobre la aplicación de la Ley 28940, la cual es de aplicación a las mercancías en abandono legal, incautadas o comisadas que hayan ingresado a los almacenes de Sunat o a los almacenes aduaneros hasta el 31 de diciembre de 2004.

En el caso del supuesto del artículo 2 de la Ley Nº 28940, mediante la cual se dispone que la Sunat podrá disponer la adjudicación, la entrega al sector competente o la destrucción, de todas las mercancías incautadas o en comiso administrativo que hayan ingresado a sus almacenes o almacenes aduaneros hasta el 31 de diciembre de 2004, respecto de las cuales se haya iniciado un proceso contencioso-administrativo. La presente circular precisa que estos procesos se deben haber iniciado antes del 23 de diciembre de 2006.

Por otro lado, la circular bajo comentario dispone que:

En caso de mercancías en situación legal no esclarecida

La Gerencia de Almacenes y las áreas responsables de los almacenes en las intendencias de aduana elaborarán y comunicarán hasta el 15 de junio del presente, el listado de mercancías que hubieran ingresado a sus almacenes hasta el 31 de diciembre de 2004 y sobre las cuales  no se dispone de información sobre su situación legal.

Asimismo, se dispone las siguientes medidas: