Mediante la sentencia de la referencia, el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda interpuesta por la Municipalidad Metropolitana de Lima, confirmando, de este modo, la vigencia del inciso e) del numeral 16.1 del artículo 16, el numeral 23.3 del artículo 23 y el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley N° 26979, Ley de Procedimiento de Ejecución Coactiva.

Cabe señalar que lo dispuesto por los dos primeros artículos, mencionados en el párrafo anterior, está referido a los casos de cobranza coactiva de obligaciones no tributarias efectuada por los órganos de gobierno central, regional y local. En efecto, con ello se confirma que para el caso de cobranza coactiva de obligaciones no tributarias, la sola presentación de la demanda de revisión judicial suspenderá automáticamente la tramitación de dicho procedimiento hasta la emisión del correspondiente pronunciamiento de la Corte Superior.

Sin embargo, debemos precisar que respecto de las obligaciones tributarias, únicamente, se ha pronunciado ratificando lo señalado por el numeral 28.1 del artículo 28 de la Ley N° 26979 referente a las medidas cautelares previas, no así respecto a la suspensión del procedimiento de la cobranza coactiva, el cual no se suspende con la interposición de una demanda en sede judicial. En ese sentido, se establece que la única medida cautelar previa que se puede ejecutar es el embargo en forma de intervención en información.

En esa línea, esta sentencia estableció que la autonomía municipal no puede ejercerse de manera irrestricta, pues tiene ciertos límites que deben tomarse en cuenta para su ejercicio. Ahora bien, en el caso en concreto estos límites se encuentran en la Ley N° 26979 y están referidos a la suspensión del procedimiento de cobranza coactiva, únicamente, de las obligaciones no tributarias.

Mediante la norma en comentario, se establece el índice de reajuste diario para las obligaciones que pacten la actualización de sus montos en valores constantes en el mes de febrero del presente año.

El sentido de este reajuste es que el acreedor financiero actualice el monto de la deuda de acuerdo con las variaciones de la inflación y así no pierda poder adquisitivo, por el dinero prestado en moneda nacional.

Cuando estamos ante transacciones realizadas entre grupos empresariales o empresas vinculadas, automáticamente se asume que deben aplicarse las normas de precios de transferencia a efectos de establecer si los valores asignados a dichas transacciones corresponden a los valores normales que se asignarían a aquellas transacciones celebradas entre empresas no vinculadas, lo cual no es correcto.

Para ello, recomendamos que antes de la vigencia del RTPS los empleadores deberán verificar las formas y modalidades con las que esta trabajando su personal, a fin de que se cumpla con esta obligación y evitar futuras sanciones por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Dichos proyectos ya han sido presentados ante el Consejo de Ministros y solo resta que sean remitidos al Congreso para su pronta aprobación.

Asimismo, cabe señalar que estos proyectos evitarían que los trabajadores se inscriban en EsSalud con solo tres meses de labores. Además, se plantea incrementar los pagos que en algunos casos son menores a S/. 5 con el objetivo de conseguir mayores ingresos.