Como sabemos, el acceso a la ciudad de Iquitos puede efectuarse solamente por vía aérea, en tal sentido, mediante la presente norma, a efectos de facilitar el acceso a dicha ciudad  se autoriza  a la Dirección Nacional del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a emitir documentos cancelatorios – Tesoro Publico a favor de las empresas de transporte aéreo para la cancelación del Impuesto General a las Ventas (IGV) que grave los servicios de transporte aéreo de pasajeros desde o hacia la ciudad de Iquitos.

Los beneficiarios de dichos documentos no están obligados a señalar domicilio fiscal en la ciudad de Iquitos.

La recepción de los referidos documentos por los beneficiarios está condicionada a que estos  suscriban un convenio con el Gobierno Regional  de Loreto, cuyo objeto será el de garantizar  el otorgamiento de los respectivos beneficios a los usuarios, es decir, el no cobro del IGV por la prestación de servicios de transporte aéreo, siendo que el Gobierno Regional de Loreto será el encargado de la supervisión del cumplimiento del citado convenio, cuyo incumplimiento acarrearía la pérdida de los beneficios tributarios.

Los documentos cancelatorios  tendrán  carácter de no negociable, produciéndose su caducidad a los cuatro años de su emisión. Cuando tales documentos excedan la deuda tributaria  de la empresa aérea, estos pueden solicitar la devolución  ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT),

Que, mediante la Ley N° 28048, ley de protección a favor de la mujer gestante que realiza labores que pongan en riesgo su salud y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, se faculta a las mujeres gestantes para que en sus centros de trabajo soliciten al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y/o la del desarrollo normal del embrión y el feto durante el periodo de gestación.

Al respecto, mediante la presente norma y en aras de proteger a la mujer gestante, se aprueba el “listado de los agentes físico, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales que generan riesgos para la salud de la mujer gestante y/o el desarrollo normal del embrión y el feto, sus correspondientes intensidades, concentraciones o niveles de presencia y los periodos en los que afecta al embarazo”, el “listado de actividades, procesos, operaciones o labores, equipos o productos de alto riesgo”, y los “lineamientos para que las empresas puedan realizar la evaluación de sus riesgos”.

La Autoridad Administrativa de Trabajo es la responsable de velar por el cumplimiento de los citados instrumentos.

Que, de conformidad con lo establecido por la Octava Disposición Transitoria del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, se estableció que el Registro de Monitoreo de Agentes y Factores de Riesgo Disergonómico sería obligatorio una vez que se aprobara el instrumento para el monitoreo de agentes y factores de riesgo disergonómico, siendo necesario contar con un procedimiento de evaluación de los aspectos ergonómicos.

En atención a ello, mediante la presente norma se aprueba la “Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico”. La Autoridad Administrativa de Trabajo es responsable de velar por el cumplimiento de la presente norma.

Que, habiendo el Estado peruano ratificado el Convenio N° 111, relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, está obligado a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados, a las condiciones y a las prácticas nacionales, a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con la finalidad de eliminar cualquier discriminación a este respecto.

Asimismo, en seguimiento de la Declaración de Compromiso sobre el VIH y Sida de las Naciones Unidas, la OIT, en su condición de organismo copatrocinador del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y Sida (Onusida) y organismo principal en el mundo del trabajo, ha elaborado el “Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/Sida y el lugar de trabajo”, que tiene como objetivo la promoción del trabajo decente, estableciendo una serie de directrices para la prevención del VIH y Sida.

En ese sentido, mediante la presente norma se aprueban las siguientes medidas nacionales frente al VIH y Sida en el lugar de trabajo, aplicables al régimen laboral público o privado, bajo cualquier modalidad contractual:

• Los empleadores del sector público y privado, deberán promover el desarrollo e implementación de políticas y programas sobre VIH y Sida en el lugar de trabajo, destinadas a ejecutar acciones permanentes para prevenir y controlar su progresión, proteger los derechos laborales, así como erradicar el rechazo, estigma y la discriminación de las personas real o supuestamente VIH-positivas.
• El MTPE, en coordinación con los diversos sectores, empleadores y trabajadores, implementará las medidas necesarias que garanticen la seguridad y salud en el trabajo, y para la protección de los trabajadores en torno al VIH y Sida.
• En las empresas o entidades donde los trabajadores están expuestos al riesgo de contraer el virus, los empleadores tienen la obligación de cumplir las normas de bioseguridad y de profilaxis post exposición laboral(*) vigentes.
• La infección por el VIH, en los casos que esta sea considerada como enfermedad profesional y haya sido adquirida como consecuencia de la actividad laboral de alto riesgo, está sujeta a las prestaciones económicas y de salud vigentes en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
• Está prohibido que el empleador exija la prueba del VIH o la exhibición del resultado de esta al momento de contratar trabajadores, durante la relación laboral o como requisito para continuar en el trabajo.
• Los empleadores establecerán procedimientos a los que puedan recurrir los trabajadores y sus representantes en los reclamos vinculados con el trabajo, debiendo establecer como falta laboral todo acto discriminatorio a un trabajador real o supuestamente VIH-positivo.
• Las actuaciones inspectivas ante denuncias por infracción a la presente norma son de carácter confidencial, incluso después de haber terminado el procedimiento sancionador, de ser el caso.

inalmente, para garantizar la autonomía de la voluntad del trabajador y la confidencialidad de las pruebas del VIH y sus resultados, estas no pueden ser realizadas por el empleador, o por otro que esté vinculado económicamente a este.

Como es de conocimiento general, con la Ley N° 29142 se dictó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2008, la cual, en su Art. 6, estableció la suma que deberá otorgarse por concepto de aguinaldo navideño. Dicho beneficio deberá señalarse en la planilla de pago correspondiente al mes de diciembre, así como en las pensiones a cargo del Estado.

En efecto, con la finalidad de garantizar la adecuada distribución del tesoro público, a través de la Resolución Viceministerial Nº 013-2008-EF/77.01 se ha estipulado que el pago de pensiones y de remuneraciones (pago de personal y beneficios sociales) en la Administración Pública - en lo que corresponde al mes de diciembre del presente -, deberá hacerse siguiendo el cronograma establecido en el artículo 1 de la norma materia de comentario (ver anexo Nº 1).

Mediante la presente norma se aprueba el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana (base: diciembre 2001 = 100,00) correspondiente al mes de Diciembre del 2008,así como su variación porcentual y acumulada.

Mediante la presente norma se aprueba el índice de precios al consumidor de Lima Metropolitana (base: diciembre 2001 = 100,00) correspondiente al mes de Noviembre del 2008, así como su variación porcentual y acumulada.