El 14 de diciembre último, el pleno del Congreso aprobó otorgar facultades al Poder Ejecutivo para que legisle en materia tributaria por un plazo de 90 días calendario.

En el texto de la Ley aprobada se establece que la delegación se otorga con el objeto de ampliar la base tributaria, lograr mayor eficiencia, equidad y simplicidad en el sistema tributario nacional, y dotar al país de un sistema tributario predecible que favorezca el clima de inversión.

Cabe anotar que según el texto aprobado, la referida delegación no comprende:

Teniendo en cuenta lo anterior, la norma faculta al Ejecutivo a dictar el marco legal que defina los principios y reglas que se deberán cumplir para la dación de normas que contengan tratamientos tributarios especiales, incentivos, beneficios o exoneraciones, así como los criterios para evaluar su eficacia en cuanto al logro de los objetivos para los cuales fueron otorgados y revisar la necesidad de su permanencia.

Asimismo, el texto de la Ley propone modificar el Código Tributario en relación con la obligación tributaria, incluyendo la utilización de distintos medios de pago y la eliminación de la capitalización de intereses de la deuda tributaria, así como en lo relacionado con las facultades y los procedimientos de determinación y fiscalización de la deuda tributaria, cobranza, devoluciones, procedimientos tributarios, etc.

Por su parte, se propone modificar el Impuesto a la Renta, realizando ajustes relativos al alcance del impuesto, la determinación de la renta bruta y neta, las pérdidas y la aplicación de las exoneraciones, reordenar la categorización de las rentas de fuente peruana, los instrumentos financieros derivados, establecer el régimen de imposición de los rendimientos y las ganancias, las alícuotas aplicables y los mecanismos de retención y pagos a cuenta, la tributación de los no domiciliados.

A su vez, se propone modificar el Impuesto General a las Ventas y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), sin que ello implique el incremento de las tasas o la creación de nuevas obligaciones sustanciales o formales.

De la misma forma, autoriza a perfeccionar el Nuevo Régimen Único Simplificado (RUS) y el Régimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), con el objeto principal de ampliar la base de contribuyentes, elevando el tope de ingresos con el fin de incorporar nuevos agentes, flexibilizando los requisitos de acogimiento y fiscalización, entre otros.

También se propone modificar las normas que regulan el Impuesto Temporal a los Activos Netos (ITAN) y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), para lograr una mayor eficiencia, equidad y simplicidad en el sistema tributario nacional., reduciendo paulatinamente las alícuotas hasta su eliminación.

Es para todos conocido que, actualmente, los contribuyentes se encuentran desprotegidos frente a ciertos incumplimientos o excesos por parte de la Administración, no contando dentro de la propia institución con un canal adecuado para la presentación de sus quejas y solución de sus problemas. Tal situación ha obligado que los administrados recurran, en numerosas ocasiones, a otras instancias del Estado para hacer valer sus derechos, ocasionando así, en razón de la cantidad de quejas y reclamos, una sobrecarga de trabajo en instituciones como el Tribunal Fiscal, el Poder Judicial y la Procuradoría del Ministerio de Economía y Finanzas.

En atención a dicha situación, la Defensoría del Pueblo ha decidido emitir el Informe Defensorial Nº 115 “Servicios de Administración Tributaria. Hacia una cultura de servicio al administrado”, mediante el cual propone una revisión de la actual estructura de los Servicios de Administración Tributaria (SAT), efectuando recomendaciones a los integrantes de los Concejos Municipales Provinciales que cuentan con dichos servicios.

Entre las principales recomendaciones efectuadas tenemos las siguientes: