La Asociación de Exportadores (Adex) señaló que el Gobierno sigue imponiendo nuevos sobrecostos al comercio exterior. En este caso se trataría de la decisión del Ministerio de Defensa de establecer la necesidad de un certificado adicional para la exportación de harina de pescado, aun sabiendo que los exportadores de esos productos presentan un certificado parecido para enviar dicho producto a los mercados internacionales.

Debido a esto el gremio exportador demanda la derogatoria de la Resolución Directoral Nº 235-2005/DCG, la cual fue publicada el 15 de agosto, que indica que todo embarque de harina de pescado y/o desechos de pescado, está sujeta a la emisión del Certificado de Cargo No Peligroso que será emitido por la Capitanía de Guardacostas Marítima de la localidad de embarque, con la finalidad de que la carga no sea considerada como carga peligrosa.

Asimismo, Adex manifestó que con ese dispositivo los embarcadores deben presentar el informe de Inspección de Preembarque, el cual deberá ser elaborado por una compañía certificadora según la información requerida.

De igual manera se han establecido los requisitos para obtener el certificado, como son: una solicitud dirigida al capitán de puerto con generales de ley, copia del RUC de la empresa, copia del certificado de inspección de la compañía certificadora, informe del resultado del análisis de la mercadería y/o sustancia peligrosa (certificado de preembarque) y el recibo original de pago en el Banco de la Nación. Este certificado adicional deberá ser entregado previa inspección de certificadoras calificadas.

Finalmente, cabe señalar que la obtención del nuevo certificado representaría un gasto de entre US$ 600,000 y US$ 800,000 anuales para las empresas vinculadas al comercio exterior.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, señaló que se está elaborando un paquete de normas laborales para modernizar las condiciones del empleo, en el cual se incluye la reducción a 15 días del periodo vacacional.

Precisó que dicha propuesta será sometida a un amplio debate público y que no se afectará a los actuales trabajadores formales ni se limitará los derechos laborales adquiridos.

De igual manera, manifestó que la finalidad de la nueva reforma es modernizar la legislación laboral para que las personas que no cuenten con sus derechos laborales puedan tener acceso a ellos y asimismo terminar con el desempleo.

Por último agregó que las propuestas normativas no conducirán a mayores costos laborales, ni serán parte de una demagogia en un año preelectoral.