Mediante la presente resolución, la Superintendencia de Banca y Seguros dispuso que las empresas del sistema financiero que otorguen facilidades de pago a los deudores domiciliados en el Departamento de Ica, la Provincia de Cañete, los distritos de Huañec y Tupe de la provincia de Yauyos del departamento de Lima, las provincias de Castrovirreyna, Haytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de Huancavelica del departamento de Huancavelica que, al 31 de julio de 2007 se hubieran encontrado en las clasificaciones de Normal o Con Problemas Potenciales y siempre que el plazo total del crédito no se extienda por más de siete (7) meses respecto del plazo original, podrán sujetarse a las siguientes reglas:

1.-Mantener la clasificación del deudor y el registro contable de los créditos en la situación que estos hubieren tenido al 31 de julio de 2007.

2.- Los rendimientos que generen estos créditos deberán registrase debidamente.

Asimismo, se dispone que lo establecido regirá hasta el 31 de marzo de 2008. Para lo cual, a partir del 01 de abril de 2008, los créditos y sus rendimientos, así como la clasificación de los deudores, deberán registrarse siguiendo los criterios del Reglamento para la Evaluación y Clasificación del Deudor y la Exigencia de Provisiones, aprobado por la Resolución SBS N° 808-2003, y el Manual de Contabilidad para las Empresas del Sistema Financiero, en función del comportamiento de pago del nuevo cronograma.

De conformidad con el numeral 55.1 del artículo 55 de la Ley Nº 28563, Ley General del Sistema Nacional de Endeudamiento, modificada por la Ley Nº 28742, el flujo anual de los compromisos financieros, firmes y contingentes, a cargo del Gobierno Nacional derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones, en ningún caso podrá exceder de 0.5% del producto Bruto Interno por año.

Por su parte, el numeral 55.2 del citado artículo 55 establece que la Dirección Nacional del Endeudamiento Público registra, con fines estadísticos, los compromisos financieros, firmes y contingentes del Gobierno Nacional derivados de los contratos suscritos en el marco del proceso de promoción de la inversión privada y concesiones.

De ello, resultaba necesario dictar disposiciones sobre la cuantificación y registro de los pasivos firmes y contingentes, asumidos por las entidades del Sector Público no financiero en los contratos suscritos en el marco de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones, así como de los flujos de ingresos derivados de la explotación de respectivo proyecto, con la finalidad de contribuir a un manejo prudente, ordenado y transparente de las finanzas públicas. En ese sentido, la presente norma regula la cuantificación y el registro de los pasivos firmes y contingentes cuantificables, así como de los ingresos derivados de los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones.

Esta norma es de aplicación a la totalidad de entidades públicas pertenecientes al Sector Público no financiero, según lo establecido en la Ley Nº 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, que actúan en calidad de concedentes, en los procesos de promoción de la inversión privada y concesiones, y dispone lo siguiente:

• Los concedentes deberán cuantificar y registrar los pasivos firmes y contingentes cuantificables derivados de los contratos de concesión que hayan suscrito, y los flujos de ingresos provenientes de la explotación del proyecto concesionado.
• Los pasivos contingentes cuantificables y los flujos de ingresos deben registrarse, utilizando para su valuación, la metodología correspondiente.
• Los concedentes informarán de los registros de los pasivos firmes y contingentes cuantificables a la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DNEP), en un periodo de cuarenta y cinco (45) días útiles de celebrado el contrato de concesión y de cualquier modificación, para su registro estadístico.

Con relación a las estadísticas de las finanzas públicas, el registro de los compromisos asumidos por el concedente por concepto de la retribución de obra pudiendo denominarse PAO (Plan Anual por Obras) u otro, en el marco de un contrato de Asociación Público Privada (APP), debe realizarse de la siguiente forma: la parte correspondiente a los intereses como gasto financiero y la diferencia como gasto de capital.

En el caso de existir un Certificado de Reconocimiento de derechos sobre el PAO (CRPAO), o documento similar, el registro establecido en el apartado procedente quedará sin efecto. El registro de estos certificados debe realizarse en la fecha de su emisión y de la siguiente manera: el valor nominal del CRPAO menos el gasto financiero, debe registrarse como gasto de capital, y a su vez, dentro del financiamiento bajo la denominación de “Financiamiento por APP”.

Al momento de cancelarse dichos certificados, estos pagos deben registrarse de la siguiente forma: los intereses como gasto financiero, y el resto como amortización. Para separar los intereses del principal, el concedente deberá elaborar un cronograma de pagos donde se especifique, al vencimiento de cada CRPAO, los montos de amortización del principal y los intereses. Para ello, el concedente deberá utilizar como referencia la tasa de descuento que aplique el concesionario a los CRPAO. De ser necesario, Proinversión deberá suministrar al concedente toda la información necesaria para tal efecto.

Asimismo, las retribuciones por el mantenimiento u operación del proyecto denominados PAMO (Pago Anual por Mantenimiento y Operación) u otro, y los pasivos contingentes cuantificables deben registrarse como gasto corriente en el momento en que se ejecuten. Para el caso de los flujos de ingresos que genera el proyecto estos deben registrarse, para fines de las estadísticas fiscales, como ingreso corriente.

A su turno, los concedentes deben informar mensualmente sobre el registro de dichos pasivos y de los flujos de ingresos; sobre los CRPAO ya emitidos dentro de los 30 días siguientes a la vigencia de la presente Resolución Ministerial; y a su vez sobre los CRPAO que se emitan, dentro de los 15 días posteriores a su emisión.

Finalmente, el Ministerio de Economía y finanzas difundirá a través del Boletín de Transparencia Fiscal las estadísticas fiscales de los pasivos firmes asumidos en los contratos suscritos por APP. Los pasivos contingentes cuantificables se publicarán en el Marco Macroeconómico Multianual.

Luego del sismo registrado el pasado 15 de agosto, se publicaron los Decretos Supremos N° 068-2007-PCM y N° 071-2007-PCM, mediante los cuales se declararon en estado de emergencia diversas localidades del país dentro de las que se encuentran el departamento de Ica y las provincias de Cañete, Castrovirreyna, Huaytará y el distrito de Acobambilla de la provincia de Huancavelica; asimismo, los distritos de Huañec y Tupe de la provincia de Yauyos del departamento de Lima.

Por tal motivo, mediante la presente resolución se autoriza de forma excepcional a las AFP para que puedan compartir los servicios de atención a los afiliados, pensionistas y público en general en los locales de las entidades bancarias, financieras o empresas de seguros en las localidades señaladas en el párrafo precedente, a efectos de garantizar la continuidad en el pago de los beneficios previsionales y demás servicios prestados por las AFP.

Dicha autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2007.

Mediante el presente dispositivo se amplía la declaración del estado de emergencia dispuesta por el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM a toda la provincia de Yauyos del departamento de Lima, con la finalidad de que se ejecuten las acciones inmediatas destinadas a la atención de la población damnificada, así como a la reducción y minimización de los riesgos existentes y a la rehabilitación de las zonas afectadas. Esta medida ha sido otorgada como consecuencia del sismo producido el pasado 15 de agosto y cuya magnitud ha ocasionado desastres en las zonas afectadas.

En consecuencia, a la provincia de Yauyos le será aplicable todas las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 068-2007-PCM.